LOS ACUERDOS DE PAZ

IMPORTANCIA DEL PROCESO DE NEGOCIACION Y DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Después de una década de conflicto armado, se activaba realmente la dinámica de la solución política negociada y aunque el enfrentamiento continuó con igual e incluso mayor intensidad entre 1990 y 1991, las conversaciones de paz auspiciadas por el Secretario General de la ONU y "el grupo de países amigos" (México, Colombia, Venezuela y España) avanzaban gradualmente. En este periodo se registran como hechos relevantes de la negociación: el Acuerdo de Caracas (21 de mayo de 1990) sobre una agenda general y un calendario de negociación; el Acuerdo de San José (26 de julio de 1990) sobre derechos humanos, el cual incluyó el establecimiento de una misión de verificación de las Naciones Unidas; la decisión del Secretario General de la ONU de establecer antes de la cesación del fuego el componente de verificación de derechos humanos de ONUSAL (marzo de 1991); el Acuerdo de México (27 de abril de 1991) sobre reformas constitucionales relativas a las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, los derechos humanos y el sistema electoral; y el Acuerdo de Nueva York (25 de septiembre de 1991) que establece una "negociación comprimida" para los restantes temas, entre otros: seguridad pública, económicos y sociales, reinserción de combatientes. Después de dos años de intensa negociación, los Acuerdos definitivos fueron alcanzados en la sede de la ONU en Nueva York a la media noche del 31 de diciembre de 1991. El histórico Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador fue firmado en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992. El arduo y complejo camino de la negociación de los Acuerdos de Paz en El Salvador es el resultado de una histórica lucha por la democracia emprendida por diversas generaciones, la profundidad y la prolongación de la guerra civil, más allá del contexto de guerra fría en que se desarrolló, es sobretodo la expresión de las profundas contradicciones de una sociedad caracterizada por abismales desigualdades sociales, la ausencia de espacios democráticos y el autoritarismo. En este sentido, los Acuerdos de Paz en El Salvador, más allá de sus limitaciones, constituyen la más importante reforma política desde la Independencia Nacional (1821), los cuales sientan las bases para la construcción de una sociedad democrática.

EL SALVADOR DESPUES DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Los Acuerdos de Chapultepec, como son conocidos los Acuerdos de Paz en El Salvador, constituyen un conjunto de reformas al sistema político del país, entre ellas las más relevantes son las referentes a los temas militar, seguridad pública, derechos humanos, fin de la impunidad, sistema electoral y sistema judicial. Asimismo, incluyen aspectos relativos a temas socioeconómicos: un Programa de Transferencia de Tierras dirigido a pobladores de zonas exconflictivas y a excombatientes de ambos ejércitos, un Plan Nacional de Reconstrucción y un Programa de reinserción a la vida civil y productiva para los participantes directos en el conflicto armado. En el tema militar, los Acuerdos restringen el papel constitucional de la Fuerza Armada a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, eliminando cualquier atribución en materia de seguridad pública, asimismo establecen medidas para la depuración de los oficiales involucrados en violaciones a los derechos humanos y la reducción del ejército a unos treinta mil efectivos. Los compromisos relativos al tema de Fuerza Armada en su mayoría han sido cumplidos satisfactoriamente. En el tema de seguridad pública, se acuerda la supresión de los cuerpos de seguridad militarizados (Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional) y la creación de nuevas instituciones, principalmente la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública, las cuales, están llamadas a desarrollar un modelo de seguridad pública adecuado a una sociedad democrática. Aunque formalmente los compromisos referentes al tema han sido cumplidos, el Secretario General de la ONU ha señalado diversas distorsiones en el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, especialmente en el de la PNC. Se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), encargada de velar por el respeto a los mismos por parte de las instituciones del Estado, a la fecha, la PDDH es una institución con un amplio nivel de legitimidad que ha realizado un trabajo efectivo en aspectos de su competencia, a pesar de sus limitaciones presupuestarias y de la hostilidad de que es objeto por parte de algunos funcionarios de gobierno. Por otra parte, se crea la Comisión de la Verdad y eventualmente el Grupo Conjunto para la Investigación de los Grupos Armados Ilegales, los cuales producen sendos informes en los que establecen señalamientos concretos de responsabilidad en la violación a los derechos humanos por parte de individuos, grupos e instituciones estatales y un conjunto de recomendaciones para terminar con la impunidad en el país. No obstante, después de la firma de los Acuerdos de Paz, la Asamblea Legislativa aprobó una amnistía que amparaba a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra, y adicionalmente varias de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad continúan aún sin haber sido implementadas por parte del Gobierno de El Salvador. Las reformas electorales establecidas en los Acuerdos de Paz probaron ser sumamente deficientes, razón por la cual, tras las elecciones presidenciales de 1994 (caracterizadas por toda clase de fallas y vicios del sistema electoral) se acordó la creación de una Comisión Presidencial que produjo un conjunto de recomendaciones adicionales que no fueron implementadas antes de las elecciones legislativas y municipales de 1997. Actualmente, algunas de las recomendaciones antes mencionadas se encuentran en proceso de ejecución (p.e. la creación del registro nacional de personas naturales) y varias otras aún sin implementar. Como parte del cumplimiento de los compromisos relativos a este tema se creó el Tribunal Supremo Electoral, el cual está integrado por magistrados y personal pertenecientes a los partidos políticos mayoritarios, situación que obviamente cuestiona su profesionalismo y apoliticidad. La reforma judicial establecida en los Acuerdos de Paz constituye probablemente la parte más deficitaria en su implementación ya que aunque se han materializado algunos de los compromisos ahí establecidos, como la creación de nuevos mecanismos para la elección de la Corte Suprema de Justicia y la creación de nuevas instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, es evidente que el sistema judicial de El Salvador continúa sufriendo de graves insuficiencias y vicios, tal como lo han señalado sucesivos informes del Secretario General de la ONU. Después del cese del enfrentamiento armado y tras la desmovilización del ejército guerrillero conocido como Ejército Nacional para la Democracia (END), el FMLN se transformó en un partido político legal y actualmente cuenta con 27 diputados en la Asamblea Legislativa, gobierna el municipio de San Salvador y unas cincuenta ciudades y poblaciones del interior del país. A pesar de las incontables irregularidades con que fueron ejecutados, los programas de transferencia de tierras y de reinserción de excombatientes a la vida civil y productiva han sido ejecutados en su totalidad, sin embargo es claro que la mayoría de la población beneficiaria se encuentra en niveles de pobreza y subsistencia, debido a que dichos programas carecían de una visión de mediano y largo plazo y por tanto no contaron con adecuados niveles de financiamiento, asistencia técnica y trasferencia de tecnología. Entre 1992 y 1997, El Salvador ha experimentado mayores cambios en su sistema político que en los cien años precedentes, sin embargo, continúan latentes muchos de los problemas que dieron origen a la confrontación social y a la guerra, particularmente las enormes desigualdades sociales, la creciente pobreza y la falta de oportunidades de vida digna para la mayoría de la población, por ello es de vital importancia profundizar en el análisis de la historia que es, en definitiva, nuestra fuente más confiable de aprendizaje.